El PP exige a Trabajo que investigue si Iglesias violó el derecho laboral al quedarse la tarjeta de Dina

El PP no sólo tocará las teclas de la violencia contra la mujer para criticar el secuestro por parte de Pablo Iglesias de la tarjeta SD del móvil de Dina Bousselham. También exigirá explicaciones oficiales al Ministerio de Trabajo por la violación de los derechos de los trabajadores que supone haber violado la intimidad de una asesora del partido al quedarse con un archivo de memoria procedente de un dispositivo móvil de una persona que trabajaba para Podemos.

Las preguntas presentadas por la ‘popular’ Cuca Gamarra en el Congreso y dirigidas al Ministerio de Trabajo insisten en ese asunto y reclaman una explicación e investigación sobre el comportamiento de Pablo Iglesias.

Una de las preguntas plantea el siguiente texto: «¿Considera el Ministerio de Trabajo que las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno reconociendo haber visionado y retenido sin consentimiento imágenes íntimas de una mujer que realizaba funciones de asesora en su propia organización otorga una sensación de impunidad a los agresores y de indefensión a las potenciales víctimas?».

Prevención de Riesgos Laborales

Otra pregunta del PP señala: «¿Deben las empresas en el marco de la Prevención de Riesgos Laborales iniciar expediente en relación con hechos que supongan el control de archivos de contenido íntimo por parte de un trabajador o una trabajadora si tiene conocimiento de los mismos?».

Una pregunta más reclama la acción del Ministerio: «¿Se considera desde el Ministerio de Trabajo que el Estado debe colaborar para erradicar estas perniciosas prácticas y conseguir un entorno laboral exento de violencia, o por el contrario exceden al ámbito de sus competencias?».

Por último, en otra pregunta al Gobierno, se señala lo siguiente: «El control de la tarjeta telefónica de un móvil de una asesora, sin consentimiento, con la que se mantiene una relación laboral cuando el contenido afecta a su intimidad, ¿qué valoración tiene para el Ministerio de Igualdad?».

Los ‘populares’ incrementan, de este modo, su ofensiva parlamentaria contra Pablo Iglesias por el caso en el que puede acabar imputado por un delito de revelación de secretos, otro de daños informáticos e, incluso, por fraude procesal. En la explicación que el líder de Podemos ofreció para justificar que tuviera en su poder la tarjeta de memoria del móvil de su ex asesora Dina Bousselham («protegerla» y «quitarle presión») el PP ha encontrado una mina, pues el vicepresidente incurre en un comportamiento impropio de un Gobierno que se autoproclama feminista.

«¿Comparte el Gobierno la opinión de su vicepresidente segundo de que es necesario proteger a las mujeres adultas mayores de edad sin su conocimiento y sin su consentimiento?», es una de las preguntas que los diputados Luis Santamaría y Carlos Rojas han registrado en la Mesa del Congreso.

Rescatan los diputados del PP una campaña del Ministerio de Igualdad de 2017 bajo el lema ‘Espiar el móvil de tu pareja es violencia de género’ y otra posterior en la que se proclamaba «Si tu chico te controla el móvil, cuéntalo. Hay salida para la violencia de género». Y lanzan otra pregunta: «¿Considera el Gobierno de España que el vicepresidente segundo podría haber incurrido en un caso de violencia contra la mujer?».

Convencidos de que la explicación de Iglesias de no devolver la tarjeta de memoria con información sensible a su legítima propietaria para «protegerla» y «quitarle presión» son contrarias a las políticas de igualdad de las que presume el Gobierno, Santamaría y Rojas ponen la guinda con esta última pregunta: «¿Actuará el Ministerio que dirige la señora Montero contra el vicepresidente segundo del Gobierno por el supuesto caso de violencia contra la mujer en la que podría haber incurrido el señor Iglesias al controlar y retener el móvil de la señora Dina Bousselham?».

Un horizonte judicial se cierne sobre el vicepresidente una vez ha quedado acreditado, gracias a la publicación de unos chats internos del equipo jurídico de Podemos, que retuvo durante meses la tarjeta de memoria del móvil de su ex asesora Dina Boulsselham para devolverla más tarde completamente destrozada.

Ahora, Iglesias ha dejado de ser víctima del supuesto robo del móvil y el juez García-Castellón valora si le imputa los delitos de revelación de secretos y daños informáticos.

«Amenaza a la libertad de expresión»

La reacción furibunda de Pablo Iglesias contra los medios y los periodistas que están dejando al descubierto su trama de engaño es objeto de varias de las preguntas del PP. Así, por ejemplo, Santamaría y Rojas quieren saber si el Gobierno comparte las declaraciones de su vicepresidente cuando tacha de «gentuza» a los profesionales de OKDIARIO, El Mundo y El Confidencial. «¿Considera el Gobierno que las declaraciones de su vicepresidente segundo son propias de un cargo institucional y una clara amenaza a la libertad de expresión?», preguntan los diputados ‘populares’.

Los parlamentarios Santamaría y Rojas van más lejos y apuntan al puesto clave que Pablo Iglesias ocupa en el conocimiento de los secretos del Estado: «¿Puede garantizarnos que no existe en dicha tarjeta de memoria contenido comprometedor para el señor Iglesias dado que es miembro de la Comisión Delegada del CNI y como tal tiene acceso a documentos clasificados?».

En otra pregunta le exigen al Gobierno que manifieste si es capaz de garantizar que «el contenido de la tarjeta del móvil sustraído a Dina Bousselham no supone ningún riesgo ni abre brecha de seguridad alguna en la seguridad nacional».